Se veía venir, sabíamos que tarde o temprano podía pasar. En los últimos tiempos el cerco de los gobiernos a las webs de descarga e intercambio de archivos ha sido cada vez mayor y al final el primar gran gigante ha sido megaupload.
Y nos podrá gustar más o menos, podremos considerar que vulnera nuestra libertad de expresión y el libre intercambio, pero no podemos decir que no hayan actuado con la ley en la mano, aunque si que es verdad que con un rasero discutible.
Porque es verdad que esas webs atentan contra los derechos de autor al colgar sus obras para poder ser descargadas gratuitamente, pero también es verdad que antes de existir esas paginas eran los propios autores, complices de multinacionales y otros agentes con animo de lucrarse los que atentaban contra la economía y la dignidad de los consumidores y usuarios.
Podemos reconocer que no es legal descargarse una película de estreno o un disco de músico o un libro, pero, ¿era lícito, por no decir legal, vender un cd por 30 euros, un libro por 25 o una de un estreno de cine por 7 euros? Teniendo en cuenta el sueldo medio de nuestro país, claramente no.
Las autoridades han tardado muy poco en filtrar a los medios las imágenes de la mansión del dueño y fundador de megaupload, pero nunca han gastado mucho tiempo en ver las mansiones y las fortunas amasadas por los artistas que clamaban contra estas webs, muchos de estos de dudoso talento pero muy bien relacionados.
Los gobiernos, espoleados por las sociedades de autores, han perseguido desde su nacimiento estas páginas, pero nunca han tenido mucho interés en proteger a los consumidores de abusos como la subida de las tarifas eléctricas, los combustibles, impuestos, etc.
Puestos a defender derechos, defendamos los de todos, autores y consumidores, ya que puestos a comparar, salimos perdiendo claramente.
